El Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime y divulgado por Infobae América, coloca a Honduras en el puesto 13 del ranking mundial de criminalidad, con una puntuación global de 7.10, la extorsión más alta de Centroamérica —9.0 sobre 10— y una resiliencia institucional de apenas 3.92. El informe, que evalúa a 193 países, describe a Honduras, Panamá y Guatemala como los tres puntos más preocupantes del istmo, con Costa Rica como la excepción relativamente sólida. La noticia no es que Honduras aparezca mal en un índice internacional: eso ocurre con regularidad casi litúrgica. La noticia, si se puede llamar así, es el modo en que el dato se ha vuelto un género periodístico en sí mismo, con su propia sintaxis y sus propias omisiones.
El texto de Infobae América ensambla el diagnóstico con una precisión que merece examinarse. Cita el informe, lo contextualiza con la masacre número 26 del año —tres hombres asesinados en Quimistán, Santa Bárbara, según declaraciones del director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, al canal HCH Noticias—, y luego despliega una arquitectura de cifras que abarca desde la puntuación de actores criminales integrados en el Estado (8.5) hasta la penetración de grupos mafiosos (8.5), pasando por el mercado de cocaína (8.5). El panorama regional se completa con Panamá en el puesto 21, Guatemala en el 25, Costa Rica en el 58, Nicaragua en una categoría aparte por su resiliencia de 2.00 —una de las más bajas del planeta—, El Salvador con la mayor caída de criminalidad de la región y Belice cerrando la tabla. Es un texto denso, informado, útil. Y sin embargo, al leerlo con atención, emerge una pregunta que el propio índice no formula: ¿qué significa exactamente que Honduras tenga una puntuación de 9.0 en extorsión? ¿Qué se mide ahí? ¿La frecuencia del delito, su expansión territorial, la impunidad que lo rodea, la percepción de las víctimas, la capacidad estatal de respuesta? El informe de GI-TOC, como todos los índices, traduce realidades complejas en números comparables, y esa traducción, por necesaria que sea, pierde en el camino la textura de lo que describe.
Lo que el artículo sí ofrece, y conviene subrayar, es un dato que la prensa hondureña ha tratado con más cautela: la declaración del Consejo Nacional de Seguridad, del 19 de septiembre de 2026, que designó como organizaciones terroristas a tres grupos criminales, sin revelar sus nombres para no entorpecer operativos. La medida, anunciada por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y atribuida al gobierno de Nasry Asfura, es un acto de reconocimiento implícito: el Estado hondureño admite que hay estructuras armadas que operan con lógica de insurgencia, no solo de delincuencia común. El índice lo confirma con su puntuación de 8.5 en actores integrados en el Estado, la misma que asigna a los grupos mafiosos. Es decir, la infiltración no es un rumor de oposición ni una exageración de organismos de derechos humanos: es una categoría analítica que una organización internacional con sede en Ginebra mide y publica.
El contexto regional que Infobae América añade al informe introduce un elemento que merece más atención de la que el artículo le concede. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó en agosto, durante una visita a Panamá, que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado que fuerzas de Estados Unidos participen en operaciones contra grupos criminales en su territorio. El gobierno de Guatemala rechazó esa versión: el presidente Bernardo Arévalo sostuvo en mayo que no existe ningún acuerdo y que solo el Congreso guatemalteco puede autorizar la presencia de tropas extranjeras. El artículo no dice si Honduras confirmó o desmintió la afirmación de Hegseth. Tampoco lo dice el gobierno hondureño, al menos no en el material citado. La omisión es significativa porque, en el mismo párrafo, el texto menciona que el Comando Sur estadounidense ha realizado 70 operativos desde septiembre de 2025, con al menos 235 víctimas mortales, según el conteo de Associated Press. La pregunta que el lector se queda sin responder es elemental: ¿participa Honduras en esas operaciones? ¿Autorizó el uso de su territorio? ¿O el silencio es la respuesta?
El artículo cierra con un dato que, leído en el contexto de los titulares que acompañan al informe, adquiere un peso inesperado. Belice cierra la tabla regional con 4 puntos, pero el texto se interrumpe abruptamente, como si la redacción hubiera decidido que el lector ya tenía suficiente. Los demás titulares de Infobae América sobre Honduras completan el cuadro: inundaciones que dejan 13 comunidades incomunicadas, represas que no superan el 60 por ciento y amenazan con racionamientos de agua en Tegucigalpa, un adolescente de 13 años encontrado sin vida, un líder religioso en prisión preventiva por violación agravada contra una menor, un juicio que avanza contra los acusados del asesinato del ambientalista Juan López, y una cifra que merece párrafo aparte: los hondureños tienen más de 840 horas sin recibir atención médica. Es decir, 35 días. Más de un mes de espera acumulada en un sistema de salud que, según el propio titular, no da abasto.
La maquinaria estatal, mientras tanto, mantiene 66 zonas habilitadas para atender emergencias por lluvias, según otro de los titulares. Es un dato que, puesto junto al del índice, dibuja una paradoja que la prensa extranjera no subraya: Honduras tiene capacidad operativa para desplegar recursos en 66 puntos del territorio cuando llueve, pero no logra contener la extorsión en ninguno de ellos cuando no llueve. La comparación es injusta, por supuesto: atender una inundación es una operación logística; desmantelar una red de extorsión es una guerra contra estructuras infiltradas en el propio Estado. Pero la injusticia de la comparación no la invalida como síntoma. El Estado hondureño funciona con eficacia relativa en la emergencia y con parálisis crónica en la seguridad. El índice de GI-TOC lo mide con precisión: 3.92 de resiliencia, contra 8.10 de actores criminales. La brecha no es un accidente estadístico. Es la definición operativa de un país donde el crimen organizado ha ganado la carrera por el territorio y por las instituciones, y donde la comunidad internacional, cada noviembre, publica el acta de la derrota con formato de informe ejecutivo.
Lo genuinamente nuevo hoy no es el diagnóstico, que se repite desde hace años con variaciones mínimas. Lo nuevo es la coincidencia de fechas: el índice se divulga en noviembre de 2025, pero Infobae América lo publica ahora, cuando el gobierno de Asfura acaba de declarar terroristas a tres grupos criminales sin decir cuáles, cuando la masacre 26 del año ya ocurrió, cuando el director de la Policía atribuye el crimen a una estructura que su institución conoce desde hace tiempo. La prensa extranjera no está descubriendo nada. Está confirmando, con la autoridad de un índice global, lo que el Estado hondureño admite a medias y la sociedad hondureña sabe sin necesidad de que se lo midan. La pregunta que queda flotando, y que ningún titular responde, es si el puesto 13 del ranking mundial sirve para algo más que para engrosar el archivo de diagnósticos sobre un país que lleva demasiado tiempo siendo diagnosticado sin ser transformado.