La acusación contra Ángel Aguirre por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 no es, en esencia, un hallazgo periodístico. Es un recordatorio de que el caso sigue vivo en el imaginario extranjero no por la novedad de sus revelaciones, sino por la persistente sombra de impunidad que proyecta sobre México. Lo que hoy coloca al exgobernador de Guerrero en el centro de atención no es tanto el cargo en sí —que, tras años de dilaciones, llega con retraso—, sino el contexto en el que se produce: la confirmación de que, una década después, el Estado mexicano sigue siendo incapaz de cerrar heridas que, en realidad, nunca dejó de abrir. La prensa internacional, con la puntualidad de un reloj que marca la hora exacta de su propia frustración, recoge este episodio como un síntoma más de un sistema que se resiste a la justicia, no como un avance.
Lo llamativo no es que Aguirre sea acusado, sino que su caso se presente como el "mayor avance" en el caso desde la detención de Jesús Murillo Karam en 2022. Si esto es lo mejor que puede ofrecerse, ¿qué queda para los familiares de las víctimas, que llevan una década exigiendo no solo castigo a los culpables directos, sino también a quienes, desde las instituciones, orquestaron el encubrimiento? El comunicado de Meltión Ortega, portavoz de los estudiantes, lo dice todo: "Queremos que se nos diga la verdad y que se castigue a los responsables. Los de Guerrero merecen que se juzgue a los autores materiales y a los autores intelectuales, no que se nos muestre una farsa, como ha ocurrido en otros casos graves de violaciones a derechos humanos". La ironía —o la tragedia— es que estas palabras podrían aplicarse a casi cualquier escándalo de corrupción o violencia en México, donde la impunidad no es una excepción, sino la regla.
Lo que la prensa extranjera omite, sin embargo, es que este caso no es un episodio aislado, sino la punta de un iceberg que hunde sus raíces en décadas de colusión entre autoridades, policías y grupos criminales. La mención a la destrucción de cintas de vigilancia y a las confesiones obtenidas bajo tortura no son detalles menores: son la prueba de que el modus operandi del Estado mexicano no ha cambiado. Que Aguirre sea un exgobernador no lo hace más relevante que los alcaldes, los generales o los empresarios que, en su momento, también participaron en esta trama. La prensa internacional, al destacar su figura, corre el riesgo de personalizar un problema que es, ante todo, sistémico. México no es un país donde los villanos son excepciones; es un país donde la complicidad es la norma.
Por otro lado, la reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum —que promete "poner toda su energía" para resolver el caso— suena a déjà vu. En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, prometió lo mismo. En 2022, con la detención de Murillo Karam, volvió a insistir en la misma retórica. Hoy, Sheinbaum repite el guion, pero el escenario sigue siendo el mismo: un país donde los discursos de justicia chocan contra la realidad de un sistema que protege a sus cómplices. La prensa extranjera, al recoger estas declaraciones sin un análisis crítico sobre su credibilidad, contribuye a normalizar la idea de que México es un país en el que las promesas sustituyen a los hechos.
Lo curioso es que, mientras el caso Ayotzinapa acapara titulares, otros temas igualmente urgentes —como la violencia que azota a estados como Michoacán o el colapso de la seguridad en la capital— apenas merecen un párrafo. La prensa internacional parece incapaz de escapar del morbo que despierta la tragedia de los 43 estudiantes, como si su historia fuera la única que define a México. Pero reducir al país a un símbolo de impunidad es, en el fondo, otra forma de distorsión. México es mucho más que Ayotzinapa: es una nación que resiste, que crea, que lucha, pero también es un país donde la justicia sigue siendo un lujo. Y hoy, como hace diez años, la prensa extranjera prefiere mirar hacia el pasado en lugar de preguntarse por el futuro.