La noticia que hoy debería ocupar un lugar central en los tableros internacionales no es un terremoto ni una operación contra cárteles, sino una factura de electricidad. Infobae América recoge el trabajo de La Prensa sobre el modelo energético de Nicaragua: un país que importa energía a precios bajos, la revende por encima del costo y suma a Honduras como cliente mientras sus propios ciudadanos siguen pagando algunas de las tarifas más altas de la región. La cifra es reveladora: en 2025 Nicaragua destinó cerca de 130 millones de dólares a comprar energía en el Mercado Eléctrico Regional; en los primeros meses de 2026 ya llevaba gastados más de 65 millones. Los números no dibujan una crisis ni una catástrofe: dibujan un negocio.
La prensa extranjera, sin embargo, tiende a encuadrar esta información como una anomalía más de un régimen autoritario. El artículo subraya que los especialistas califican el modelo de “contradictorio”, que los beneficios se concentran en empresarios del sector y figuras vinculadas al gobierno de Ortega, como la familia Murillo, y que el ministro de Energía, Salvador Mansell, presume de que casi la mitad de la electricidad nacional proviene de fuentes renovables, omitiendo en su relato el papel de las inversiones privadas extranjeras. Ese encuadre es correcto hasta donde llega, pero no agota la lectura. Lo que la mirada internacional suele tratar como una rareza latinoamericana —un régimen que convierte la infraestructura