La mirada extranjera sobre Panamá se detiene hoy en un rincón que rara vez merece titulares: la buhonería, ese comercio de acera que sostiene a miles de familias y que la Ley 540, vigente desde esta semana, acaba de ordenar reservándolo a los panameños. Infobae América lo cuenta con una precisión que conviene subrayar: la norma crea el Registro Nacional de Buhoneros y un permiso de acreditación, fija lineamientos contra los desalojos arbitrarios y promete capacitación y microcréditos para incorporar a estos trabajadores a la economía formal. Hasta ahí, el relato de una modernización administrativa. El detalle que cambia todo es otro: quienes no sean panameños por nacimiento o naturalización quedan fuera del esquema, expuestos a decomisos y multas si continúan vendiendo en calles y aceras.
El medio no presenta la restricción como una invención de la ley nueva, y hace bien en recordarlo: el artículo 293 de la Constitución ya reservaba el comercio al por menor a los panameños por nacimiento y a los naturalizados casados con panameño o con hijos panameños. La Ley 540 no inventa la exclusión; la vuelve operativa, la dota de registro, permiso y operativo municipal. Ese es el matiz que la cobertura internacional acierta en señalar y que el debate local suele disolver en la discusión sobre el espacio público. La novedad no es la regla, sino su puesta en vigor con herramientas concretas para aplicarla.
Hay, sin embargo, un desplazamiento que el artículo deja entrever sin desarrollarlo del todo. La ley contempla protección frente a desalojos y una propuesta de reubicación con plazo mínimo de seis meses cuando el municipio ordene despejar una servidumbre. Es decir: el mismo texto que excluye a los extranjeros del permiso prevé un colchón para quienes ya están instalados. La tensión entre ambas cosas —exclusión legal y transición humanitaria— es el verdadero nudo de la historia, y la prensa extranjera la resuelve citando a Rafael Rodríguez, de la Asociación de Residentes y Naturalizados, quien respalda el espíritu de la ley pero pide a los alcaldes un periodo de transición hasta enero y advierte sobre una posible nueva oleada migratoria desde Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua y República Dominicana.
Esa advertencia es la que merece más atención de la que el titular le concede. El encuadre de Infobae es el de los centroamericanos desprotegidos, y es correcto, pero deja en segundo plano que el propio vocero ciudadano está pidiendo a las autoridades panameñas que incorporen al cálculo la variable migratoria regional. No se trata solo de cientos de vendedores que hoy quedan sin permiso; se trata de un país que endurece el acceso al comercio informal en el mismo momento en que la región empuja a más gente hacia sus fronteras. La ley llega, además, con una promesa de formalización que depende de microcréditos y capacitación cuyo financiamiento el artículo no detalla. La prensa internacional lo omite, y esa omisión es tan elocuente como lo que subraya: el foco está en el excluido, no en la viabilidad del mecanismo que promete incluirlo.
Panamá aparece así, por un día, no como plataforma logística ni como contribuyente digital ni como canal amenazado por la sequía, sino como un país que decide quién puede ganarse la vida en la acera. Es un encuadre menos grandilocuente que los anteriores, y por eso mismo más incómodo. La prensa de afuera lo cuenta desde el migrante desprotegido; la pregunta que deja flotando, sin formularla, es si un Estado que reserva el comercio al por menor a sus nacionales mientras se presenta al mundo como puente de las Américas puede sostener ambas identidades sin que alguna ceda.