La noticia que la prensa extranjera elige contar hoy sobre Costa Rica no es un fenómeno natural ni una cifra macroeconómica. Es una cifra policial: más de 200 agentes de distintos cuerpos bajo investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico, según confirmó la propia presidenta Laura Fernández y recoge Infobae América. La mandataria lo formuló sin eufemismos: “El narcotráfico también se filtró en los cuerpos policiales de Costa Rica”. Y añadió dos frases que, en cualquier otro país de la región, habrían merecido análisis más detenidos: “Que caiga el que tenga que caer” y “Hay que limpiar a Costa Rica”.
Lo genuinamente nuevo del día no es el dato —la infiltración criminal en cuerpos policiales es un diagnóstico que la región conoce bien—, sino el modo en que ese dato convive, en el mismo servicio informativo, con otros tres titulares que dibujan un país donde las instituciones se desarman y se rearman al mismo ritmo. Los diputados aprueban el cierre del Ministerio de Gobernación y la redistribución de sus funciones. La propia presidenta responde por sus encuentros con empresarios detenidos por presunto lavado de dinero con una frase que el medio destaca entre comillas: “Ni que tuviera una bola mágica”. Y en paralelo, la Operación Éxodo deja 18 detenidos, entre ellos productores de conciertos, por presunto lavado de dinero. La pieza que Infobae publica sobre los vínculos políticos de esos productores —de aportes de campaña a encuentros con la presidenta— completa el cuadro.
El encuadre extranjero, entonces, ya no es el del país excepcional que se cae a pedazos por una tormenta. Es el del país donde la frontera entre lo legal y lo criminal se ha vuelto porosa en los lugares más incómodos: la policía, el financiamiento político, la industria del entretenimiento, la propia oficina de la presidenta. Infobae no lo dice con esas palabras, pero la acumulación de titulares sugiere una tesis: Costa Rica ya no es el laboratorio de la excepción centroamericana, sino el caso de estudio de cómo el crimen organizado se instala en las estructuras que deberían contenerlo.
Hay, sin embargo, un matiz que el encuadre deja fuera. La misma presidenta que reconoce la infiltración defiende la cooperación con la DEA y el FBI, y el texto de Infobae lo registra: “Mientras yo sea presidenta de la República, la DEA, el FBI y los cuerpos de policía del OIJ y del Gobierno van a seguir persiguiendo a los criminales”. Es decir, el Gobierno no niega el problema: lo hace público, lo cuantifica y lo convierte en eje de su discurso. Eso no es poca cosa en una región donde la negación suele ser la primera respuesta. Pero la prensa extranjera, hoy, no está interesada en esa distinción. Prefiere el relato del desmoronamiento, que vende más y exige menos.
El resultado es un retrato de Costa Rica donde la corrupción policial, el lavado de dinero, el cierre de un ministerio y los conciertos como fachada aparecen como piezas de un mismo rompecabezas. Puede que lo sean. Pero el periodismo que solo mira el rompecabezas armado se pierde la pregunta más difícil: si un país que descubre y publica sus propias infiltraciones es más frágil que uno que las esconde, o simplemente más honesto. Esa pregunta no aparece en los titulares de hoy.