El informe sobre clima de inversión que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en septiembre de 2026 y que Infobae América resume hoy no descubre nada que los propios panameños no sepan, pero tiene el mérito de ordenar el inventario con la frialdad de un auditor. Panamá conserva lo que el documento llama ventajas estructurales: posición geográfica, economía dolarizada, el Canal, un sector bancario descrito como desarrollado y abierto, la Zona Libre de Colón con más de 2,800 empresas y Panamá Pacífico con más de 350. La inversión directa estadounidense alcanzó 5,200 millones de dólares al cierre de 2024. Sobre esa base, el país sigue siendo uno de los principales receptores de inversión extranjera directa de Centroamérica. Hasta ahí, el relato amable que suele acompañar a Panamá en la prensa de negocios.
Lo nuevo, o al menos lo que esta cobertura subraya con una insistencia poco habitual, es que el diagnóstico institucional ya no aparece como un capítulo aparte sino como el eje que atraviesa todo el informe. La corrupción, la falta de transparencia, una capacidad judicial limitada y los problemas de impago no figuran como riesgos secundarios: figuran como las condiciones que pueden restringir nuevas inversiones pese a las ventajas estructurales. El Departamento de Estado recoge que algunas compañías estadounidenses reportan tratamientos inconsistentes, injustos o sesgados en tribunales panameños, y que la falta de tecnología y de experiencia comercial especializada complica la atención de controversias contractuales y patrimoniales. Los inversionistas, añade, recurren con frecuencia a la mediación o al arbitraje ante las dificultades en los tribunales. Es una manera elegante de decir que la justicia panameña no está siendo percibida como un lugar confiable para resolver un contrato.
El apartado sobre corrupción merece leerse con atención porque el informe no se queda en generalidades. Inversionistas estadounidenses reportan irregularidades tanto en el sector público como en el privado y mencionan presuntos sobornos, contratos inflados y falta de transparencia en procedimientos relacionados con permisos, propiedades y compras gubernamentales. Panamá aprobó reformas para modernizar la contratación pública, reconoce el documento, pero la aplicación de los mecanismos de control sigue siendo inconsistente. Y hay una frase que conviene retener: existen vulnerabilidades frente a interferencias políticas en el Ministerio Público y el Órgano Judicial. No es una acusación de un opositor ni de un columnista local; es la evaluación que Washington pone por escrito para sus propios inversionistas.
El caso de Cobre Panamá aparece incorporado como ejemplo de los riesgos regulatorios y políticos. El informe recuerda las controversias tras el cierre de la mina y los reclamos arbitrales, y sostiene que las presiones internas pueden generar incertidumbre para el capital extranjero aun cuando el país reconozca formalmente los arbitrajes internacionales. Es un párrafo que conviene leer junto al otro titular de hoy: la cúpula del sector privado recibe las recomendaciones sobre el futuro de la mina de Donoso. La prensa extranjera conecta ambos hilos sin decirlo: el cierre de una mina se convirtió en un caso de estudio sobre cómo un país puede cumplir con los procedimientos formales y, al mismo tiempo, transmitir a los inversionistas que las reglas pueden cambiar por presión interna.
Hay, sin embargo, un matiz que el informe reconoce y que la cobertura no subraya lo suficiente: Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional en 2023 y fue retirado de la relación europea de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado. En mayo de 2026, el presidente José Raúl Mulino aprobó una Ley de Sustancia Económica que exige a determinadas entidades multinacionales demostrar presencia económica genuina, con el objetivo de acercar al país a los estándares de la OCDE y la Unión Europea. Son avances concretos. Pero el propio informe añade que persisten cuestionamientos europeos relacionados con transparencia e intercambio de información tributaria. La lectura es incómoda: Panamá hace la tarea, entrega el cuaderno, y el maestro igual le pone una nota con reservas.
El capítulo laboral completa el retrato con una dureza que los titulares locales rara vez reflejan. Panamá enfrenta escasez de personal capacitado en contabilidad, tecnología de la información y construcción especializada, además de una limitada disponibilidad de trabajadores que hablen inglés. El país ocupó el puesto 81 entre 135 economías en competencias de graduados universitarios. Y con datos de 2025, cerca del 47% de la fuerza laboral estaba vinculada al sector informal, proporción que superaba el 70% en comunidades indígenas. Estas cifras contrastan con las necesidades de talento especializado que manifiestan los inversionistas. Es decir: el país ofrece regímenes especiales, incentivos y una plataforma logística de primer orden, pero no siempre encuentra quién opere esa plataforma con las competencias que el capital extranjero espera.
La mirada extranjera de hoy no es hostil, pero tampoco es ingenua. El informe presenta dos caras del clima de negocios panameño y deja que el lector saque sus conclusiones. La cara amable es la de siempre: dolarización, conectividad, apertura. La cara incómoda es la que el país conoce pero prefiere no leer en inglés: corrupción, justicia, transparencia y capital humano siguen siendo los obstáculos que Panamá deberá enfrentar para aprovechar plenamente sus ventajas. El valor del documento no está en lo que revela sino en el hecho de que lo dice por escrito, con cifras y con nombre de país, en un informe oficial que cualquier inversionista puede consultar antes de decidir si coloca su capital aquí. Panamá puede seguir vendiendo su posición geográfica y su Canal. Pero cada vez que un inversionista abre este informe, la conversación empieza por otro lado.