Hay días en que la prensa extranjera sobre Venezuela se limita a confirmar lo que ya sabíamos, y hoy es uno de ellos, con un matiz que conviene no dejar pasar. El País América publica una entrevista con Rocío San Miguel, la especialista en temas militares que pasó por la cárcel del Helicoide tras ser detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y lo hace bajo un titular que encierra toda una tesis: su sentencia ratifica el derecho de los civiles a exigir transparencia a la Fuerza Armada. La frase es de la propia entrevistada, no del medio, pero el medio la elige como eje, y esa elección es el dato.
Lo que cuenta San Miguel en el texto es estremecedor en su literalidad: la presentaron ante un tribunal después de tres días desaparecida, con su hija, dos hermanos, su exesposo y el padre de su hija formados en fila como acusados; se negó a declarar sin abogado y le advirtieron que toda la familia quedaría presa; declaró, finalmente, porque no tuvo opción. "Ahí todo es una transacción permanente", dice. El País no construye con esto un relato de victimismo, sino de resistencia civil: una mujer que convierte su propio proceso judicial en un argumento sobre la rendición de cuentas de los militares ante los ciudadanos. Es un encuadre distinto al que suele dominar la cobertura venezolana, más acostumbrada a contar detenciones y no a leerlas como jurisprudencia política.
El contraste con el otro titular del día es inevitable. France 24 se pregunta si el petróleo es el precio de la transición en Venezuela, una fórmula que resume la mirada economicista que la prensa internacional aplica al país desde hace una década: Venezuela como problema de suministro energético, como pieza en el tablero de los precios, como eventual moneda de cambio en una negociación que nunca termina de definirse. Entre la entrevista de El País, que pone el foco en el control civil de la Fuerza Armada, y la pregunta de France 24, que lo pone en el crudo, queda retratada la tensión que atraviesa casi toda la cobertura extranjera: por un lado, la sociedad y sus derechos; por otro, los recursos y su geopolítica.
La mirada de afuera sigue teniendo un problema de proporción. Cuando el tema es el petróleo, Venezuela aparece como un país entero reducido a un barril; cuando el tema es una disidente, aparece como un caso individual que conmueve pero no altera el diagnóstico general. Rara vez ambas cosas se integran en una sola narrativa que explique cómo la transparencia militar y el precio del crudo son, en el fondo, la misma pregunta sobre quién manda y con qué reglas. San Miguel lo dice a su manera: exigir cuentas a la Fuerza Armada no es un capricho de activistas, es la condición para que cualquier transición, petrolera o no, tenga sentido. La prensa extranjera lo publica, lo titula, y en la práctica lo archiva como una historia de sufrimiento personal antes que como una advertencia sobre el modelo de poder que sigue intacto.