La noticia que la prensa extranjera elige hoy sobre República Dominicana es, otra vez, la de los muertos en operativos policiales. Infobae América dedica su pieza principal a un dato que el propio medio construye a partir de la contabilidad de Diario Libre: siete presuntos delincuentes abatidos en ocho días, en Barahona, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este, San Cristóbal, Santiago y San Francisco de Macorís. El encuadre no es nuevo —la región entera conoce este género—, pero lo que sí resulta llamativo es la cifra que el artículo pone sobre la mesa como contexto: 55 personas muertas en septiembre en presuntos intercambios de disparos, la cifra mensual más alta del año, según datos de la propia Policía Nacional. No es una filtración, no es una denuncia de un organismo de derechos humanos, no es una investigación independiente. Es el registro oficial del propio cuerpo policial, difundido sin que nadie haya pedido una explicación pública al respecto.
Ahí está el nudo del asunto. La prensa internacional no está contando una historia de abusos ocultos: está contando una historia de abusos documentados por la institución que los comete. Y lo hace con un tono que conviene examinar. El texto de Infobae reproduce, uno por uno, los alias de los fallecidos —“Jhonathan”, “Bombita”, “Bobo”, “el Jefe”, “Fernandito”, “la Changa”—, las edades, las provincias, los cargos que la Policía les atribuye y, en casi todos los casos, la versión oficial de que los agentes respondieron a disparos. La estructura narrativa es la del parte policial ampliado: cada muerte tiene su nombre, su expediente y su justificación. Lo que no tiene es contradicción. Ninguna declaración de familiares, ningún pronunciamiento de organismos de derechos humanos, ningún cuestionamiento de la versión oficial aparece en el texto. El medio advierte, al final, que la información se basa en “informes preliminares de la Policía Nacional”, como si esa aclaración bastara para cubrir el expediente.
El resultado es un retrato paradójico: un país donde la violencia letal del Estado se ha vuelto tan rutinaria que puede ser contada con la frialdad de un boletín estadístico. Septiembre cierra con 55 muertos y octubre arranca con siete en ocho días, y la noticia no es el patrón sino la tensión que ese patrón genera. La tensión, según el titular, no la generan las muertes: la generan los operativos. Como si el problema fuera la frecuencia de los procedimientos y no el hecho de que cada procedimiento termine, con una regularidad que ya no sorprende a nadie, en un cadáver.
Los otros titulares del día completan el cuadro con la dispersión habitual. Una madre dominicana que ruega antes de ser lanzada desde un balcón en Nueva York; ocho provincias bajo alerta meteorológica por una onda tropical; vigilancia sanitaria ante una investigación por peste neumónica en Rusia. Ninguno de esos temas es menor, pero ninguno compite con el principal en gravedad ni en lo que revela sobre el país. La diáspora, el clima y la prevención sanitaria son los temas con los que la prensa extranjera suele retratar a República Dominicana cuando no hay cadáveres que contar. Hoy los hay, y son siete en ocho días, y la cifra de septiembre —55— está impresa en el mismo artículo que los enumera, como un telón de fondo que nadie parece dispuesto a levantar.
Lo que la prensa internacional subraya, en suma, es la normalización. Lo que omite es la pregunta que esa normalización debería provocar: quién responde por ella. El artículo no la formula, y quizá no le corresponde formularla. Pero el dato está ahí, en el texto, atribuido a la fuente que debería ser la primera interesada en desmentirlo. La Policía Nacional de República Dominicana informa que en septiembre murieron 55 personas en presuntos intercambios de disparos. Es la cifra mensual más alta del año. Y la noticia, ocho días después, es que la tensión sube.