La prensa extranjera que cubre Cuba tiene una virtud que a veces se confunde con un defecto: cuando no puede entrar, cuenta lo que le cuentan. El informe de Cubalex que hoy recoge Infobae América es un documento serio, elaborado por una organización que trabaja dentro de la isla y que ha construido su credibilidad a base de contabilizar lo que el Estado no cuenta. Pero conviene leerlo sabiendo qué es y qué no es: no es una investigación periodística independiente con acceso a los penales, sino el relevamiento de una ONG que documenta casos a partir de testimonios de familiares y excarcelados. Eso no lo invalida. Lo sitúa.
El hallazgo central del informe —lo que Cubalex llama "externalización de la muerte"— es, sin embargo, algo más que una cifra. Es una tesis sobre la lógica del castigo. El abogado Alain Espinosa la formula con precisión: excarcelar a un recluso cuando su deterioro ya es irreversible para que el fallecimiento ocurra fuera de los muros. El preso de Las Tunas que murió con 1,78 metros y 32 kilos no es una anécdota trágica; es la prueba de un método. Y el método importa porque revela intención donde la negligencia sola sugeriría desidia. La diferencia entre no atender a un preso y devolverlo a su casa para que muera en ella es la diferencia entre un Estado fallido y un Estado que calcula.
Los números que acompañan al informe son de una contundencia que no necesita adjetivos: 115 muertes bajo custodia entre febrero de 2024 y junio de este año; 80 de ellas atribuidas a negligencia médica, 21 a desnutrición severa, 12 a tuberculosis; 23 fallecimientos en la prisión de Boniato, que mantiene destacamentos específicos para reclusos clasificados como "desnutridos" o "bajo peso". Ese último dato es el más elocuente de todos. No hace falta interpretar nada: la propia institución penitenciaria ha creado una categoría administrativa para nombrar a los presos que se están muriendo de hambre. Sabe lo que pasa. Lo organiza. No lo corrige.
El informe añade un elemento que la cobertura habitual de la prensa extranjera suele dejar en segundo plano: la violencia directa. Espinosa insiste en que reducir todo a la desatención sanitaria deja fuera las agresiones ejecutadas por funcionarios o por otros internos, sea por orden directa o por tolerancia deliberada. Los 12 casos de acción letal directa —nueve ejecuciones extrajudiciales por golpizas, tres muertes con versión oficial de suicidio pero indicios de violencia estatal— apuntan a un patrón que no es de abandono sino de castigo activo. La pregunta que Espinosa formula no es retórica: quién ordena, quién tolera, quién incumple el deber de impedir. Es la pregunta que el sistema judicial cubano no va a responder porque no está diseñado para responderla.
Hay un dato que el propio informe reconoce y que conviene subrayar: es un subregistro. "No son todos los casos que puedan ocurrir dentro de Cuba", dice Espinosa. La magnitud real es desconocida porque el régimen no publica estadísticas de mortalidad carcelaria, no permite inspecciones independientes y no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Esta es la omisión estructural que la prensa extranjera no puede llenar con reportajes: no hay acceso, no hay datos oficiales, no hay manera de verificar. Lo que Cubalex documenta es la punta de un iceberg cuyo volumen solo puede estimarse. Prisoners Defenders contabiliza 1.356 presos políticos al 7 de octubre, cientos con patologías graves. Son cifras de organizaciones que trabajan con lo que pueden ver, no con lo que existe.
El encuadre de Infobae América acierta al poner el foco en el mecanismo y no solo en el sufrimiento. La "externalización de la muerte" es una categoría analítica que describe una política, no una desgracia. Y ahí está lo genuinamente nuevo del día: no la denuncia de que hay presos que mueren —eso se sabe desde hace años—, sino la identificación de un procedimiento deliberado para trasladar la muerte fuera del perímetro donde el Estado sería responsable de explicarla. Es la burocracia del encubrimiento aplicada al cuerpo de los reclusos.
La prensa extranjera que cubre Cuba desde Miami, Madrid o Buenos Aires tiene límites evidentes: depende de fuentes que no siempre puede verificar sobre el terreno, reproduce informes de ONG con la autoridad que estos merecen pero sin el contraste que un reportaje in situ exigiría. Eso no es un defecto de Infobae América en particular; es la condición de posibilidad de casi todo el periodismo sobre la isla. El régimen cubano no concede entrevistas en los penales, no permite visitas de organismos independientes, no responde a las solicitudes de información. La consecuencia es que el periodismo serio sobre Cuba se hace con materiales de segunda mano, y el lector debe saberlo.
Lo que queda, tras leer el informe y su cobertura, es una imagen que no por conocida deja de ser estremecedora: un Estado que ha convertido la muerte de sus presos en un problema de contabilidad administrativa. No los mata en la celda, donde la responsabilidad sería suya. Los devuelve a casa cuando ya no hay nada que hacer, para que el certificado de defunción lo firme un médico de familia y no un forense penitenciario. Es una argucia legal, un truco burocrático, una manera de no firmar. Pero el cuerpo de 32 kilos que salió de Las Tunas no engaña a nadie. La muerte ocurrió dentro, aunque el acta diga lo contrario.