La noticia llega desde Madrid, pero el expediente es boliviano. Jimena Katherin Marset Cabrera, hermana de Sebastián Marset, fue detenida el 10 de junio de 2025 en Torrejón de Ardoz por un operativo conjunto de la Policía española e Interpol Uruguay, y quedó libre pocas horas después porque Bolivia comunicó a España que pesaba sobre ella un sobreseimiento fiscal y que la orden internacional había quedado sin efecto. Infobae América reconstruye el episodio y lo conecta con la detención del exfiscal general Roger Mariaca, acusado por el Gobierno de haber montado una organización criminal destinada a proteger e incentivar el narcotráfico. La jueza Livia Alarcón declaró a El Deber que la decisión no salió del Órgano Judicial: hay una resolución fiscal firmada por una comisión de fiscales —Caballero, Ordóñez y Porras— que permitió levantar la orden. Esa es, en una frase, la historia: alguien firmó, y ese alguien no era un juez.
Lo genuinamente nuevo no es el caso Marset, que la prensa extranjera viene siguiendo desde la fuga de Santa Cruz en julio de 2023, ni la caída de Mariaca, que ya fue materia de editoriales anteriores en este tablero. Lo nuevo es el mecanismo. La liberación de la hermana en España no ocurrió por un error judicial ni por un vacío legal: ocurrió porque el Estado boliviano, a través de su Ministerio Público, desactivó desde adentro una orden de captura que él mismo había emitido. La coartada fue un sobreseimiento. El resultado fue que una mujer requerida por la Justicia boliviana pasó de la detención a la calle en el lapso de un vuelo Madrid–La Paz. Y la noticia, como apunta Infobae, no tuvo amplia repercusión mediática en Bolivia. El país que debería estar discutiéndolo no lo discute.
Hay que subrayar lo que el encuadre extranjero elige mirar. Infobae no se detiene en la biografía de la detenida ni en su rol familiar —menciona que su defensa alega que estaba en España ayudando a criar a los hijos de su hermano—, sino en la arquitectura institucional que hizo posible la liberación. La pregunta que el artículo deja flotando no es si Katherin Marset es culpable o inocente, sino quién, dentro de la Fiscalía boliviana, tenía el poder de anular una orden internacional y por qué lo hizo. La declaración de la jueza Alarcón es el dato más incómodo: el Órgano Judicial no emitió esa decisión. La firmó una comisión de fiscales. Es decir, el Poder Judicial boliviano aparece, en la mirada de afuera, como una institución que no controla lo que sus propios fiscales hacen con las causas de narcotráfico.
El hilo narrativo que traza la prensa internacional es, entonces, el de una impunidad administrada. No la impunidad del capo que se fuga, sino la del funcionario que firma. Mariaca dirigió la Fiscalía General desde octubre de 2024 hasta su destitución por la Asamblea Legislativa, y en el lapso de una semana se le abrieron procesos por presunto enriquecimiento ilícito y portación ilegal de armas. Surgieron denuncias de pagos presuntamente realizados por Sebastián Marset al exfiscal y a otros exfuncionarios para permanecer impune en Bolivia. El encuadre extranjero no necesita probar esos pagos: le basta con mostrar la secuencia. Detención en Madrid, llamada desde La Paz, liberación, y meses después la caída del fiscal que habría permitido esa llamada. La causalidad es sugerida, no afirmada, y precisamente por eso resulta más difícil de desmentir.
Lo que este encuadre omite o distorsiona es igualmente digno de nota. La prensa internacional trata el caso como una historia de narcotráfico y justicia, no como una historia política. No menciona las tensiones entre el Gobierno y la Fiscalía, ni el contexto de una Asamblea Legislativa que destituye a un fiscal general, ni las denuncias de Mariaca sobre interferencias en investigaciones que podrían implicar al entorno presidencial. El exfiscal ha rechazado las acusaciones y denunció intentos de interferencia en las pesquisas contra Fernando Cerimedo, exasesor de Rodrigo Paz. Ese detalle aparece en el texto de Infobae, pero no organiza la narrativa. La narrativa la organiza Marset. Y Marset, conviene recordarlo, es uruguayo. Bolivia aparece como el escenario donde un narcotraficante extranjero compró, presuntamente, la complicidad de un sistema de justicia. Es un encuadre que incomoda por igual a oficialismo y oposición, y quizá por eso el país no lo discute.
La ironía del día es que la noticia que pone a Bolivia en el tablero extranjero no la generó Bolivia: la generó España, al detener a una mujer que Bolivia había pedido capturar y luego había dejado de pedir. El sistema funcionó, pero al revés. Interpol Uruguay aportó la información, la Policía española ejecutó la detención, y la Fiscalía boliviana se encargó de deshacer el operativo desde la distancia. Lo que queda es una pregunta que la prensa internacional formula sin formularla: si el sobreseimiento fue firmado por fiscales y no por jueces, ¿quién responde por las órdenes de captura que Bolivia emite y luego desactiva? La respuesta, por ahora, es nadie. Y esa es la noticia.