La noticia internacional sobre Uruguay de esta semana tiene un protagonista inesperado: el ahorrista uruguayo, ese personaje que guarda sus dólares en el banco por costumbre, por miedo o por ambas cosas, y al que el Banco Central acaba de dedicarle un informe con cifras incómodas. Infobae América lo cuenta con una fórmula que ya es marca de la casa: el Estado uruguayo lanzando una ofensiva contra la dolarización, con los bancos obligados a notificar a sus clientes que el dólar puede hacerles perder poder de compra. La escena tiene su gracia: una institución pública advirtiendo a los ciudadanos que el refugio que eligieron durante medio siglo les sale caro, y haciéndolo a través de las mismas entidades que durante décadas promovieron ese refugio.
Lo que el informe del BCU pone sobre la mesa, según el texto de Infobae, es una contabilidad del miedo. Los depósitos en dólares a la vista hicieron perder a sus dueños un 6% anual de poder adquisitivo local entre 1972 y 2026. La probabilidad de perder poder de compra supera el 60% en todos los horizontes, y escala del 63% a un mes al 93% a doce años. La volatilidad del ahorro en dólares fue del 9,8% frente al 1,5% del ahorro en pesos. Son números que, leídos en frío, convierten la prudencia histórica de los uruguayos en una mala decisión financiera sostenida durante generaciones. El BCU lo dice con una elegancia que merece citarse: el costo de ese seguro ante eventos extremos excede lo razonable. Es decir, los uruguayos han estado pagando durante décadas una prima altísima por protegerse de catástrofes que, en el mismo período, el país aprendió a manejar mejor.
Ahí está el matiz nuevo que trae esta cobertura: no es que Uruguay esté más dolarizado que el resto de la región, cosa que ya sabíamos y que el informe confirma con el puesto nueve de 108 países, por detrás de Armenia, el Congo o Macao. Lo nuevo es que el propio Estado asume el costo de esa dolarización como un problema de política pública y decide intervenir sobre las expectativas, no sobre el tipo de cambio. Porque el dato que Infobae menciona al pasar y que merece más atención es que desde 2021 no hay intervenciones en el mercado de cambios. La estrategia no es defender el peso con reservas, sino convencer a los uruguayos de que el peso ya no necesita defensa. Es una apuesta pedagógica, casi cultural, en un país donde la memoria del 2002 sigue viva en cada familia que perdió algo en aquella crisis.
La prensa extranjera, sin embargo, tiende a contar esta historia como un pulso entre un Estado ilustrado y una población desconfiada. Infobae describe la tarea como difícil, subraya que los uruguayos consideran el dólar una herramienta segura, y presenta la notificación bancaria como el instrumento de una cruzada. Lo que ese encuadre deja en segundo plano es que el propio informe reconoce avances sustanciales: la dolarización de los depósitos privados bajó del 90% a comienzos de los 2000 al 72% en julio de 2026, con una caída de tres puntos solo en el último año. No es un fracaso de la estrategia; es una transformación lenta pero sostenida, que el medio prefiere narrar como resistencia popular antes que como cambio de comportamiento. También queda fuera del foco la mención, breve pero significativa, de que la política de flexibilidad cambiaria atravesó dos gobiernos de signo opuesto, el de Lacalle Pou y el de Orsi. Eso sugiere un consenso que la cobertura internacional no explora: en Uruguay, la desdolarización dejó de ser bandera partidaria y se volvió política de Estado.
El titular de Infobae habla de desalentar el ahorro en dólares. La palabra desalentar tiene una connotación casi paternalista, como si el Estado uruguayo estuviera regañando a sus ciudadanos por una costumbre que él mismo toleró durante décadas. Pero el informe, leído con atención, dice algo distinto: que el sistema financiero uruguayo ya tiene la capitalización, los colchones de liquidez y la diversificación de fuentes de financiamiento que no tenía en 2002, y que por lo tanto el seguro contra catástrofes que los uruguayos siguen pagando cubre riesgos que hoy son mucho menores. La notificación bancaria no es una advertencia moral, es un recordatorio aritmético. Y el hecho de que el BCU tenga que recurrir a ella revela hasta qué punto las decisiones de ahorro no se rigen por cálculos de rentabilidad sino por memorias colectivas que ningún informe logra desactivar de un plumazo.
Uruguay aparece así, en la prensa extranjera de hoy, como un país que intenta reconciliar a su población con su propia moneda después de medio siglo de desconfianza. Es una historia menos espectacular que las que suelen ocupar los titulares sobre la región, y por eso mismo más difícil de contar. Infobae elige el ángulo del Estado que persuade. El ángulo que queda sin escribir es el de los uruguayos que, por primera vez en generaciones, podrían estar empezando a escuchar.