La prensa extranjera ha decidido hoy que Colombia es un problema de aritmética. El texto más ambicioso de la jornada es el que BBC Mundo dedica a la deuda pública, y su valor no está en las cifras —que son públicas y cualquiera puede consultar— sino en el esfuerzo por desmontar la narrativa que el propio presidente Abelardo de la Espriella instaló en su alocución del 27 de septiembre, cuando dijo que las finanzas públicas "ya no aguantan más" y anunció conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar "una salida negociada a la crisis". El mérito del artículo es que no se limita a repetir el diagnóstico presidencial: lo somete a verificación y encuentra que la historia es bastante más incómoda para el inquilino de la Casa de Nariño de lo que su retórica sugiere.
El dato central es conocido: el presupuesto para 2027 proyecta un déficit del 9,4% del PIB, el más alto de la historia, con un gasto que alcanzaría el 24,9% del PIB frente a ingresos de apenas 15,5%. The Economist, recuerda la BBC, sitúa a Brasil y Colombia empatados con el mayor déficit fiscal previsto para 2026, un 7,3% del PIB. Hasta ahí, el cuadro que De la Espriella quiere pintar: un país en bancarrota por culpa de su antecesor. Pero el artículo introduce dos voces que desordenan el relato. Mauricio Salazar, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señala que el problema es de ingresos: Colombia deja de recaudar cada año un equivalente al 9% del PIB por beneficios tributarios "sin control y sin evaluación", mucho más que cualquier otro país latinoamericano. Paola Jaimes, del CEPR, es aún más directa: mientras los gobiernos de Santos y Duque aumentaron la deuda en más de diez puntos del PIB, Petro entregó un país "más o menos igual de endeudado de lo que lo recibió", y el gasto se mantuvo alto por obligaciones legales, no por discrecionalidad presidencial.
La BBC no absuelve a Petro —el gasto saltó con la pandemia y nunca volvió a los niveles previos, y la nómina estatal creció en más de 20 billones de pesos—, pero desmonta la tesis de que el desastre fiscal sea invención de un solo gobierno. Lo que queda es una ecuación menos épica y más incómoda: un Estado que gasta como si la pandemia no hubiera terminado, que renuncia a recaudar por vía de exenciones que nadie evalúa, y que ahora debe endeudarse más para sostener el mismo aparato que promete reducir en una cuarta parte. El propio artículo lo dice sin rodeos: "sus propios números dan cuenta de que el camino que le espera para cumplir esas metas es cuesta arriba y, por lo pronto, tendrá que seguir endeudándose". La promesa de superávit primario y menor carga tributaria simultáneos queda, por ahora, en el terreno de la intención.
Lo notable es que este sea el texto principal sobre Colombia en la prensa extranjera hoy. Los demás titulares confirman la dispersión: France 24 sigue el apoyo de De la Espriella a exmilitares acusados por el asesinato de Jovenel Moïse, la BBC recoge la última conversación de una madre con su hijo desaparecido y consagra a Chapinero Alto como el barrio más cool de América Latina. Es decir, el mismo país aparece simultáneamente como un Estado al borde del default técnico, un actor enredado en la geopolítica del Caribe, un territorio donde la desaparición forzada sigue produciendo historias íntimas y un destino turístico de moda. La prensa extranjera no elige un solo encuadre porque Colombia no se deja encuadrar en uno solo.
Hay, sin embargo, un hilo que atraviesa el artículo de la BBC y que merece subrayarse: la idea de que el problema colombiano no es de gasto excesivo sino de ingresos insuficientes, y que esa distinción tiene consecuencias políticas. Si el diagnóstico es de gasto, la solución es el ajuste y el responsable es el gobierno anterior. Si el diagnóstico es de ingresos, la conversación se traslada a los beneficios tributarios, a la estructura impositiva y a decisiones que trascienden a cualquier presidente. De la Espriella ha elegido el primer relato porque le conviene políticamente. La BBC, sin militancia aparente, documenta que el segundo es el que sostienen los expertos. No es un detalle menor: sugiere que el nuevo gobierno puede terminar aplicando el ajuste que prometió sin resolver el problema que dice haber heredado, y que el FMI, si finalmente se sienta a la mesa, tendrá preguntas incómodas sobre exenciones que ningún gobierno colombiano ha querido tocar.
La prensa extranjera, en suma, mira hoy a Colombia con la calculadora en la mano y encuentra que las cuentas no cierran, pero también que la culpa no es tan fácil de asignar como el presidente quisiera. Es un encuadre sobrio, casi contable, que sin embargo dice más sobre la política colombiana que muchos análisis grandilocuentes: un país donde el debate público se libra sobre quién quebró el Estado, mientras la estructura que lo quiebra permanece intacta y sin evaluación.